Tanto la sexualidad como la afectividad son aspectos que nos acompañan toda la vida. Desde el nacimiento en adelante vivimos experiencias, manifestamos conductas y tenemos impulsos que son, naturalmente, de índole sexo-afectivo. Sin embargo, el acceso a herramientas informativas se encuentra absolutamente cerrado, bajo un candado impuesto por doctrinas conservadores que lo entienden como un tabú. Pero la sexo-afectividad ya no es un mito pues tanto los feminismos como los movimientos LGBTTTIQA+ han cuestionado el fenómeno de la violencia de género y sus consecuencias en todos sus aspectos, como en este caso: el aumento de los índices de VIH, el embarazo adolescente forzado, el abuso sexual infantil y la salud pública en general.
La educación sexual integral es un asunto social que se desprende de la dignidad inherente que tenemos todas las personas. Este proceso se entiende como el aprendizaje emocional, físico y social para que niños, niñas y jóvenes tengan herramientas suficientes para tomar decisiones informadas sobre sus relaciones sociales, sexuales y de bienestar personal. La importancia recae principalmente en la educación como un vehículo de prevención para que las personas puedan decidir libremente sobre sus proyectos de vida.
El problema al que se enfrenta este modelo educativo reside en la resistencia a hablar abiertamente de estos temas, bajo un fundamento de razones morales. Se alude a que correspondería a los padres y madres hacerse cargo de esta inducción, otorgándole un contenido valórico y privado. Sin embargo, esto no es un tema religioso ni culposo. Es imposible negar que la sexualidad y la afectividad son hechos que escapan la heteronorma, así como la reproducción y maternidad obligatorias. Son elementos, en definitiva, de salud pública.
Con enfoque de género y de derechos humanos, la formación sexo-afectiva implica reemplazar un proceso que hoy en la práctica se limita a una búsqueda personal en internet por un verdadero acceso a información profesional que disminuya el riesgo de embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y que combata el paradigma de relaciones discriminatorias, estereotipadas y violentas. El reconocimiento de la autonomía progresiva de infantes y adolescentes es un estándar reconocido por el derecho internacional y ello implica permitir que puedan decidir informadamente sobre su sexualidad y sus afectas, con acceso a anticoncepción segura y eficaz, respetando la privacidad necesaria.
La educación sexual es un derecho que necesita reconocerse explícitamente, pues permite el disfrute de derechos humanos como salud, información y una vida libre de violencias de género. Es una responsabilidad estatal incorporarla a los planes y programas de estudio de establecimientos educacionales, asegurando conocimientos pertinentes y confiables que permitan prevenir violencia de género y abuso sexual, como cualquier forma de discriminación basada en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género.
